Crisis del PAMI: riesgo de corte de prestaciones para jubilados y personas con discapacidad

La interrupción en la cadena de pagos del PAMI y del programa Incluir Salud está dejando sin prestaciones a sectores vulnerables: jubilados y personas con discapacidad, advirtió la abogada Marta Lastra en Punto a Punto Radio el 15/4/2026. Según su testimonio, en la provincia de Córdoba hay aproximadamente 220.000 personas con discapacidad, muchas de ellas dependientes de pensiones no contributivas, y la escasez de fondos ya provoca cierres o amenaza la continuidad de instituciones que brindan atención especializada.

¿Qué está pasando con la cadena de pagos?

Vemos una caída práctica en los pagos que recibe el sistema privado por prestaciones a afiliados del PAMI e Incluir Salud. En la misma nota se consignó que el organismo nacional estaría pagando apenas $370 por afiliado en prestaciones odontológicas, y que médicos de cabecera describen topes de $2.100 de cápita que no alcanzan a cubrir costos básicos. Estas cifras provienen de la cobertura periodística del tema en el programa donde habló Lastra (Punto a Punto Radio, 15/4/2026). Si los prestadores no cobran, reducen turnos, suspenden tratamientos o directamente cierran, y eso afecta no sólo a una persona sino a la oferta local de salud.

¿A quién afecta y cómo?

El impacto es doble: por un lado, a los afiliados que dependen de prestaciones privadas; por otro, a las instituciones que prestan esos servicios. Lastra dijo que «el 80% de la salud privada está sostenida por el PAMI» (declaración en Punto a Punto Radio, 15/4/2026), lo que implica que una interrupción prolongada puede derramar en el cierre parcial de clínicas y centros de rehabilitación. En Córdoba, según la propia Lastra, hay 220.000 personas con discapacidad y más de la mitad dependería de pensiones no contributivas, por lo que la capacidad de pagar alternativas privadas es limitada. El resultado es pérdida de tratamiento, demoras en prótesis o terapias y mayor presión sobre la red pública local.

¿Por qué no actúan las provincias y el gobierno nacional?

Lastra vinculó la situación con medidas políticas recientes y criticó tanto al Gobierno nacional como a la falta de respuestas provinciales. Señaló que la delegación de poderes por la llamada Ley Bases permitió cambios en la gestión que, según ella, facilitan estos recortes o readecuaciones de pagos. En su relato, la falta de leyes de emergencia provinciales o acciones judiciales deja a las jurisdicciones sin herramientas para proteger la oferta sanitaria local. Esta comparación temporal entre un antes y un después de las medidas legislativas aparece en la entrevista como explicación de por qué la situación se agravó ahora, y refuerza la necesidad de acciones públicas coordinadas.

Qué se puede hacer ya: prioridades y propuestas concretas

Vemos que todavía hay margen de actuación y que la respuesta debe ser inmediata y práctica. Primero, declarar medidas de emergencia en las provincias para garantizar continuidad de prestaciones a jubilados y personas con discapacidad; lo pide Lastra y es una solución que no depende únicamente del Ejecutivo nacional. Segundo, abrir líneas de financiamiento puente para prestadores críticos y revisar los valores de cápita y por prestación (los $370 y $2.100 citados en la nota deben cotejarse con costos reales). Tercero, coordinar fiscalización y transparencia en la ejecución de fondos de PAMI e Incluir Salud para evitar quiebras evitables. Finalmente, establecer canales de comunicación claros para que afiliados sepan alternativas temporales si su prestador reduce servicios.

La situación es urgente y no admite excusas administrativas. Le debemos la atención a quienes no pueden costear alternativas privadas; actuar antes de que cierren más clínicas es una obligación de fondo y de forma, tanto para el Estado nacional como para las provincias.