Cecilia Rikap: los monopolios intelectuales y por qué la democracia está en juego

Empezamos por lo esencial: Cecilia Rikap advierte que hoy no solo hay monopolios de mercado sino monopolios intelectuales que concentran conocimiento y moldean la democracia, y lo hace con cifras concretas que debemos escuchar. Según Rikap, los centros de datos suelen emplear alrededor de 50 personas por edificio mientras demandan grandes volúmenes de agua y energía (Cecilia Rikap, entrevista 5/4/2026); Palantir obtiene el 50% de sus ingresos por contratos con el gobierno de Estados Unidos, y la expansión de centros de datos podría hacer que, para 2030, su consumo energético supere al de la mayoría de los países, una proyección que ella atribuye al Fondo Monetario Internacional y cita en la entrevista. Esto no es abstracto: son impactos materiales sobre territorio, empleo y autonomía del Estado.

¿Qué es un monopolio intelectual y por qué nos debería importar a los argentinos?

Vemos al monopolio intelectual como la capacidad sistemática de apropiarse de conocimiento, desde datos hasta coautorías científicas, y de monetizarlo concentrando agenda y recursos. Rikap explica que estas empresas no solo compran tecnología sino que orientan la investigación universitaria mediante proyectos contractuales y financiamiento selectivo, lo que redefine qué se investiga y para quién, y deja afuera prioridades públicas. En la práctica local, esto se traduce en gobiernos que se vuelven clientes forzosos de soluciones empaquetadas y en una pérdida de soberanía tecnológica; en la entrevista Rikap cita el caso de El Salvador que firmó migraciones a Google Cloud como ejemplo de lo que significa ceder control operativo (Cecilia Rikap, entrevista 5/4/2026). La comparación temporal aparece en la advertencia sobre 2030: si no cambiamos planificación y propiedad de infraestructura, la huella energética y la dependencia aumentarán visiblemente, según el FMI citado por Rikap.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino y en nuestros 'unicornios'?

No es lo mismo que mañana cierre una oficina local que que el Estado dependa por completo de una nube extranjera. Rikap nombra a los llamados campeones nacionales como actores que reproducen dependencia: están en la frontera del conocimiento pero dependen de servicios de Amazon, Microsoft y Google para su operación global, según la entrevista (Cecilia Rikap, 5/4/2026). El efecto es doble: concentración de poder y redistribución desigual de beneficios; además, hay consecuencias laborales y cognitivas: Rikap advierte que la IA generativa puede reducir la capacidad de pensamiento crítico y reemplazar tareas calificadas, citando incluso cambios curriculares drásticos como el cierre de carreras en una universidad china (Cecilia Rikap, entrevista 5/4/2026). También conviene recordar que muchas de estas empresas firman contratos por sumas millonarias con gobiernos; ese flujo de recursos altera incentivos regulatorios y la posibilidad real de controlar la tecnología desde el Estado.

¿Qué podemos hacer desde el Estado y la sociedad para recuperar margen de decisión?

La salida no es solo poner frenos legales aislados; Rikap propone construir alternativas públicas: planificar territorialmente dónde van los centros de datos, desarrollar centros públicos propios y visores territoriales que evalúen variables socioambientales antes de autorizar instalaciones, como intentó el gobierno de Boric en Chile y como lo hace Antel en Uruguay, que hoy administra infraestructura crítica, según la entrevista (Cecilia Rikap, 5/4/2026). Hay que combinar regulación con creación: no alcanza con aplicar reglas antimonopolio diseñadas para bienes tangibles; necesitamos un ecosistema público que provea servicios digitales esenciales y reduzca la dependencia de nubes privadas. Además, recuperar prácticas analógicas y espacios sin sobreexposición tecnológica nos ayuda a preservar atención y pensamiento crítico, una postura que ya favorecemos desde esta columna. En síntesis, se trata de politizar la tecnología: decidir colectivamente qué tecnologías queremos y para qué, y construir capacidades estatales para hacerlo posible.

Cerramos con una idea práctica: si el Estado quiere administrar mejor su soberanía, debe priorizar inversiones en infraestructura digital pública, exigir visibilidad y límites a contratos privados, y diseñar planeamiento territorial que proteja recursos hídricos y energéticos. Sin eso, democracia y desarrollo seguirán ajustándose a las condiciones que impongan unos pocos actores privados.