50 años después: la memoria sigue siendo territorio de disputa
En el aniversario del golpe de 1976, resurgen disputas sobre cómo recordar; la evidencia documental y forense vuelve a aparecer en el centro del debate.
Se cumplen 50 años del último golpe de Estado de 1976 y, según Perfil Córdoba (22/3/2026), esa conmemoración volvió a convertir a la memoria en un territorio de disputa público. El dato no es simbólico: la fecha obliga a preguntarnos qué recordamos, qué se intenta reescribir y qué papel tienen las políticas estatales y las evidencias forenses en ese debate.
¿Por qué vuelve a discutirse la memoria ahora?
Vemos tres factores que se combinan: el aniversario mismo, la aparición de nuevos hallazgos forenses y cambios en las políticas públicas. La nota de Perfil Córdoba menciona el hallazgo de restos en el ex centro clandestino La Perla y habla de 12 desaparecidos-reaparecidos (Perfil Córdoba, 22/3/2026). Además, la propia nota recuerda que desde 2004 el Estado implementó políticas de memoria —como la incorporación del 24 de marzo al calendario escolar— que instalaron puntos de consenso (Perfil Córdoba, 22/3/2026). Cuando esos consensos pierden apoyo institucional o se reinterpretan desde discursos públicos distintos, la disputa renace. Por eso no alcanza con conmemorar; hace falta sostener la transmisión de evidencia documental y forense a las nuevas generaciones si queremos que el recuerdo no sea rehén de relatos interesados.
¿Qué implica la idea de "memoria completa" y a quién favorece?
El término "memoria completa" aparece en el debate público como reinterpretación de lo que antes se daba por consensuado. La nota advierte que ese discurso puede reproducir versiones que favorecen a sectores que justificaron o minimizaron la represión (Perfil Córdoba, 22/3/2026). Hay un dato concreto: de los 12 reaparecidos mencionados, la mitad eran obreros, lo que indica un patrón sobre la represión (Perfil Córdoba, 22/3/2026). Si una política de memoria relativiza perpetradores o mezcla claramente diferenciales de responsabilidades, no solo se altera la verdad histórica sino que se perjudica la reparación simbólica y jurídica de víctimas y familiares. Observamos, además, que la disputa no es solo intelectual: afecta la gestión de sitios de memoria, la educación y el financiamiento de iniciativas culturales presenciales que sostienen la memoria viva.
Qué medidas prácticas proponemos para no abandonar la memoria
Favorecemos medidas concretas: primero, sostener y financiar sitios de memoria y centros de documentación; segundo, fortalecer la enseñanza pública sobre el período con materiales basados en evidencia documental y forense; tercero, promover programación presencial en espacios patrimoniales para que la memoria sea un ritual social y un motor cultural local. Desde nuestra experiencia editorial apoyamos la revalorización de la presencialidad cultural y pedimos transparencia y continuidad estatal para iniciativas que ya funcionan (v. nuestras notas previas). Recordemos que las políticas implementadas desde 2004 ayudaron a consolidar fechas y lugares de memoria; su continuidad es clave para que el relato no se privatice ni se politice en favor de quienes buscan relativizar la violencia estatal (Perfil Córdoba, 22/3/2026). Además, la evidencia forense —como los hallazgos en La Perla— es la herramienta que permite ampliar lo sabido y exigir justicia.
En resumen, la memoria es un campo de disputa porque nunca fue homogénea; por eso mismo necesitamos políticas públicas estables, financiamiento y programación presencial para que el debate se base en pruebas y en la preservación activa del patrimonio. No es nostalgia: es una política de Estado para mantener vivo el imperativo de "Nunca Más" y evitar que la historia se convierta en instrumento de reescritura interesada.
